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Entre las innovaciones que introduce en nuestro régimen local la Ley de Bases recientemente aprobada por las Cortes Españolas, una de las más profundas es la relativa a la representación de las familias en el gobierno municipal, mediante el otorgamiento a los vecinos, cabezas de familia, del derecho de sufragio para la elección de Concejales. El precepto que sirve de expresión legal a tan sano criterio (Base 8. de la Ley) recoge fielmente el principio de que los españoles participarán en el Estado a través de su función familiar, municipal y sindical y viene a coincidir, en su aparición y en el sentido que le informa, con el contenido en el artículo 10 del Fuero de los Españoles a tenor del cual "todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter representativo, a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato". Si la familia es unidad natural y célula social por excelencia según doctrina reiterada de la Iglesia —expresada fundamentalmente en la Encíclica "Inmortale Dei" de León XIII— no es extraño que constituya noble preocupación de juristas y políticos la realización del anhelo de hacer de la familia cauce de incorporación del individuo al sistema político y de construir el edificio de una democracia orgánica y verdaderamente representativa sobre la piedra angular de la familia. Es la familia el más natural y el más antiguo de los núcleos sociales. Con razón ha dicho de ella el jurisconsulto italiano Enrique Cimbalí, "que es el más sólido lazo de la sociedad, laboratorio fecundo de existencias humanas y campo inmediato donde se desarrollan

LA FAMILIA EN LA NUEVA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL.