El papel de las instituciones políticas en España (1980-2002): un estudio aplicado a las políticas de telecomunicación

España se erige a finales del siglo XX entre uno de los siete países desarrollados que generan la mayoría de las exportaciones mundiales en el sector de servicios, junto con los Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y Japón —sector para el que las telecomunicaciones son de máxima relevancia. Es más, España e Italia son los dos países que experimentan a fines de la década de 1990 el mayor crecimiento en las exportaciones relativas al sector servicios (MCEOWN 1999: 20). Teniendo en cuenta que las telecomunicaciones son un sector básico como precondición para la bonanza del sector servicios, y que una sola compañía, como Telefónica, aporta el 2 por 100 del valor añadido bruto de la economía española1, se plantea la pregunta de cuál es el papel jugado por las instituciones políticas dentro del sector de las telecomunicaciones: ¿cómo se gobierna el sector? La respuesta a la pregunta anterior es el objetivo de este trabajo, en el que se va a mostrar cómo las instituciones políticas actúan sobre el mercado en las dos últimas décadas del siglo XX usando la estrategia del cambio institucional como medio para alterar el equilibrio político anteriormente existente —de manera democrática, pero con implicaciones para la caracterización del término—. Una pregunta abierta para investigaciones futuras es si esta estrategia es suficiente para devolver al Estado un papel predominante en un mundo donde las transacciones financieras y las empresas organizadas en red erosionan su papel como mediador en el contrato social. Pudiera argumentarse que los cambios ocurridos en España en la regulación del sector a partir de 1980 son fruto de cambios de mayor calado, como consecuencia del cambio de sistema político o, lo que es lo mismo, de la transición de un régimen dictatorial a uno democrático. Existen dos evidencias que, aunque no invalidan la importancia de este hecho, cuestionan su capacidad determinante. En primer lugar, países con tradiciones democráticas asentadas como Gran Bretaña, Francia, Australia o Nueva Zelanda han seguido la pauta de poner en marcha cambios institucionales con el objeto de cambiar políticas sectoriales. En segundo lugar, existen mecanismos concretos y particulares, detallados en este estudio, que incentivan o blindan los posibles cambios, y estos mecanismos no están correlacionados con tipos de régimen específicos.