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Resumen El 10 de octubre de 2009 fue sancionada la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicacion Audiovisual con un amplio apoyo en el Congreso nacional. El hecho implico un cambio radical en la politica comunicacional argentina, pues el texto se inspiro en las teorias que conciben la comunicacion como derecho humano. Entre otros aspectos, establece limites a la multiplicidad y propiedad cruzada de licencias asi como a su transferibilidad. La adecuacion del holding de medios mas importante del pais, el Grupo Clarin, a esas disposiciones lo obligaba desprenderse de las licencias que excedieran el maximo permitido en un plazo no mayor a un ano. Por esa razon, acudio a la Justicia e inicio un arduo proceso de judicializacion de la Ley. Este involucro a los tres poderes del Estado y se desenvolvio simultaneamente en dos niveles. Por una parte, obtuvo una medida cautelar que lo eximio de iniciar la adecuacion a la Ley; esta desemboco en el tramo mas algido del proceso, denominado “7D” en alusion al 7 de diciembre de 2012, fecha senalada por la Corte Suprema de Justicia como limite para la vigencia de la cautelar. Por otro lado, llevo adelante una demanda en la cual reclamo la inconstitucionalidad de los articulos 41, 45, 48 (segundo parrafo) y 161 de la norma. Aunque la judicializacion no se agota alli, pues ha cobrado renovadas formas que extendieron su duracion hasta la actualidad, en este articulo se examinan los distintos aspectos de ambos frentes de la batalla judicial. Se resenan las caracteristicas centrales del proceso, se periodizan los hechos mas relevantes y se detallan los fallos de las distintas instancias hasta la sentencia de la Corte Suprema, que cerro el debate por la constitucionalidad de la Ley —aunque no el de las medidas cautelares— en octubre de 2013.

studia politicae

La judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Derrotero del conflicto entre el Gobierno argentino y el Grupo Clarín por la adecuación a la norma