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Desde el ano 2013 diversas comunidades autonomas (Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluna) han aprobado leyes que regulan la prohibicion expresa del uso de la tecnica de la fracturacion hidraulica en sus territorios basandose en las competencias de ordenacion del territorio, urbanismo y vivienda; proteccion del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promocion, prevencion y restauracion de la salud; industria, y regimen minero y energetico. El Tribunal Constitucional ha sido rotundo en el control de esas leyes al afirmar que la prohibicion que establecen contraviene de manera radical e insalvable la legislacion basica de regimen minero y energetico en virtud del art. 149.1, 25o de la CE. Asentada esta jurisprudencia, el Pais Vasco, Castilla-La Mancha y la Region de Murcia han aprobado, en 2015, 2017 y 2018 respectivamente, leyes que incorporan a su ordenamiento juridico medidas adicionales de proteccion, una para el medio ambiente y otras para la salud, que limitan el uso de la fracturacion hidraulica. Estas leyes respetan el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autonomas a la luz de la reciente jurisprudencia constitucional.

Competencias e instrumentos jurídicos autonómicos para limitar el uso de la fracturación hidráulica