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La llegada a España del sistema productivo postindustrial ha coincidido con la elaboración de Planes Generales de Ordenación Urbana de cuño claramente industrial, basados en el modelo urbanístico que la Ley del Suelo de 1958 y sus sucesivas reformas han consolidado. En 1990, desde la legislación estatal, se dan tímidos pasos urbanísticos hacia la liberalización postindustrial que serán desautorizados por la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) de 1998 al desapoderar al Estado en gran parte de estas competencias. Paralelamente a la STC, en 1998, verá la luz la cuarta Ley del Suelo española que, con pretensiones también liberalizadoras, plantea, entre otros, un nuevo esquema metodológico para la clasificación del suelo. Sin embargo, el producto urbanístico de la nueva secuencia en la clasificación del suelo que ahora se plantea no es tan diferente del anterior como se ha pretendido. Ambas leyes (1990 y 1998) se inscriben en contextos postmodernos de liberalización de la actividad urbanística. Mientras tanto subsisten los viejos problemas del urbanismo español a los que ahora se añade la incertidumbre competencial que la STC ha provocado. Se abre así un período en que deberán ser la Comunidades Autónomas las que tomen el relevo en la apertura de nuevos caminos urbanísticos y quienes, ante la integración territorial y urbanística en escenarios europeos, tejan el descompuesto velo urbanístico estatal que la STC ha provocado.

La nueva Ley del Suelo de 1998 en el contexto del neoliberalismo postmoderno