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Durante los últimos años, las universidades españolas han desarrollado Protocolos para la prevención y la actuación frente al acoso sexual y por razón de orientación sexual. Una parte de estos Protocolos establece que los empleados públicos están obligados a poner en conocimiento de las autoridades universitarias la existencia de casos de acoso. Sin embargo, la mayor parte de los Protocolos omite esta obligación. En este artículo se analiza esta disparidad normativa. También se analizan los criterios legales y jurisprudenciales que fundamentan que los Protocolos hayan de incorporar la obligación de comunicar de los empleados públicos, como una obligación diferenciada de la obligación de denunciar. 

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La obligación de poner en conocimiento: la función pública ante la prevención, detección e intervención frente al acoso sexual en las universidades españolas.