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Este articulo tiene como objeto analizar la nocion de justicia ambiental a partir de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan de la interpretacion y la aplicacion de los derechos a la vida y a la propiedad en el contexto indigena. Los pueblos indigenas, debido a la riqueza de recursos naturales existente en sus territorios ancestrales, los cuales son contemplados con fines mercantiles, deben enfrentar las repercusiones ecologicas, sociales y culturales deletereas de las actividades extractivas. En tales circunstancias y en la ausencia de recursos eficaces y accesibles en derecho interno, algunos de estos pueblos han, en el transcurso de la ultima decada, movilizado el sistema interamericano de derechos humanos como vector potencial de derechos y de justicia en el plano ambiental. Nuestro analisis conlleva a la conclusion que la interpretacion amplia y liberal de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana puede contribuir, a reserva de su eficacidad, a una amplificacion de la justicia ambiental para los indigenas. Esto es particularmente cierto con respecto a la afirmacion del derecho a una vida digna asi como el reconocimiento de un derecho colectivo a la propiedad de los pueblos indigenas. Sin embargo, esta jurisprudencia, que consagra bajo ciertas condiciones la precedencia del desarrollo economico sobre el derecho a la propiedad de los pueblos indigenas, no permite cuestionar de manera mas radical las dinamicas economicas y politicas a raiz de la crisis ecologica contemporanea y de las desigualdades frente a la degradacion ambiental. En el marco de la promocion de la justicia ambiental, la interpretacion y la aplicacion de los derechos humanos deberian tomar en cuenta de manera todavia mas audaz las relaciones de interdependencia que unen los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente.

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET PEUPLES AUTOCHTONES : LES POSSIBILITÉS ET LES LIMITES DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME