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La singularidad más llamativa de nuestra historia constitucional reside en que el problema más importante para la definición del Estado, la articulación territorial del mismo, ha brillado por su ausencia en los diferentes procesos constituyentes a través de los cuales se ha ido imponiendo trabajosamente el Estado constitucional en España. La sociedad española, aunque parezca increíble, no ha protagonizado nunca en sede constituyente un debate sobre la estructura de su Estado. Se ha constituido políticamente sin interrogarse nunca de manera expresa sobre cómo deberían integrarse las diferentes partes del territorio en un Estado común. En las Constituciones del siglo XIX, con la excepción obviamente de la Constitución Federal de la Primera República, el problema de la estructura del Estado ni siquiera se insinúa. El Estado unitario y centralista se acepta como algo evidente, que no es susceptible casi de ser sometido a discusión. Es verdad que, como puso de manifiesto Tomás y Valiente en su estudio sobre la génesis de la primera de nuestras constituciones, la Constitución de Cádiz de 1812, en el debate preconstituyente de dicha Constitución si se planteó expresamente el problema de la estructura del nuevo Estado que se pretendía constituir y se exploraron alternativas distintas a las del Estado unitario. Pero no lo es menos, que tal debate preconstituyente desaparece por completo en el momento final de la fase preconstituyente, de tal manera que en el texto del proyecto de Constitución que se hace

Hablando en prosa sin saberlo: reflexiones sobre la articulación territorial del Estado en la Constitución de 1978