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La violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es un fenomeno social que, aunque ocurre la mayor parte de las veces en espacios privados, se transforma en un problema publico debido a que, por su extension y gravedad, afecta a toda la sociedad (Winstok y Eisikovits, 2011). En este sentido, la Organizacion Mundial de la Salud subrayo en 1998 la elevada prevalencia de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja en todo el mundo, asi como el importante impacto a corto y largo plazo que tiene sobre la salud mental y fisica de las mujeres, y el elevado numero de consecuencias negativas que conlleva tanto para las mujeres como para sus hijos, sus familias y la sociedad en general (e.g., Campbell, 2002; Dutton, Kaltman, Goodman, Weinfurt y Vankos, 2005; Evans, Davies y DiLillo, 2008; Fusco y Fantuzzo, 2009). Desde entonces, su erradicacion y prevencion se ha senalado como una prioridad politica, sanitaria y social (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise y Watts, 2005; Gracia y Lila, 2008; Guggisberg, 2010; Shoener, 2008). En Espana, segun la ultima macroencuesta realizada en 2011 por el Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad, el 10.8% de las mujeres encuestadas afirman haber sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja alguna vez en su vida, lo que supone un total de 2.134.938 mujeres. Desde 1999, ano en el que comienzan a recogerse de forma sistematica las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, hasta finales de 2012, han muerto 877 mujeres (Secretaria de Igualdad, 2013). Segun los informes elaborados por el Observatorio contra la Violencia Domestica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial, durante el ano 2012 se realizaron 128.543 denuncias por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. En 2012 hubo 50.743 juicios por violencia de genero y el 59.68% de estos supusieron una sentencia condenatoria (Consejo General del Poder Judicial, 2013). Es en la ultima decada del siglo pasado cuando, en nuestro pais, la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja pasa a ser una cuestion prioritaria, hecho que se traduce en la introduccion de diversas iniciativas de actuacion y reformas legales (Gracia y Tomas, en prensa; Vives-Cases, 2006). La entrada en vigor de la Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero supone la puesta en marcha de un importante conjunto de actuaciones y estrategias de educacion publica, prevencion y reduccion de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. En dicha Ley se define este tipo de violencia (en la ley etiquetada violencia de genero) como la “...violencia que, como manifestacion de la discriminacion, la situacion de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus conyuges o de quienes esten o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (Boletin Oficial del Estado, 2004, p. 42168). Algunos ejemplos de las estrategias contempladas en la ley son la creacion del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer o una clara apuesta por la especializacion judicial, con la creacion de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Ademas, en el Titulo IV de dicha ley se introducen normas de caracter penal. Asi, a la vez que se endurecen las penas en relacion a los delitos por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, se insta a las administraciones penitenciarias a que proporcionen a los internos condenados por este tipo de delitos programas que fomenten el desarrollo de habilidades para evitar la conducta que les ha llevado a ser encarcelados. Igualmente, para aquellos condenados a pena de prision a los que se les suspende el ingreso debido a que dicha pena es inferior a dos anos de carcel y a que no tienen antecedentes penales, se les condiciona dicha suspension a su asistencia a “programas formativos en materia de violencia de genero”. A diferencia de los programas desarrollados en prision, donde la asistencia de los internos a los programas de intervencion es voluntaria, en los programas desarrollados en medio comunitario estos acuden por mandato judicial y la asistencia es, por lo tanto, obligatoria. El numero de internos que cumplen condena en los centros penitenciarios espanoles por delito de violencia de genero era de 4.046 a finales de abril de 2013. En relacion a las medidas alternativas a prision, la ultima informacion referente al ano 2010 proporcionada por Instituciones Penitenciarias es que a 30 de noviembre de ese ano se habian producido 45.057 sentencias de medidas alternativas en violencia de genero, de las cuales 14.378 eran suspensiones o sustituciones (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, 2011). Vemos, por lo tanto, que las cifras de la violencia contra la *e-mail: marisol.lila@uv.es.

La intervención con hombres condenados por violencia de pareja contra la mujer en España: Investigación y avances en intervención