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La voluntad reformista de una parte de los cuadros y administraciones socialistas ha tenido una importante expresión documental y legislativa de lo que me parece oportuno destacar el documento “Salud Mental” de la Secretaría Federal de Acción Social (julio de 1984), el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (abril de 1985) o los Documentos Iniciales del Comité de Expertos en Salud Mental de la Junta de Andalucía. (El primer Comité se constituyó en otoño de 1983, la publicación, Informes Técnicos no 2, de la Consejería de Salud es de 1986). El artículo 20 de la Ley 14/86 General de Sanidad es un resumen o destilado del Informe de la Comisión Ministerial, que tarda varios años en desarrollarse (capítulo relativo a prestaciones de la Ley 16/03 de cohesión y calidad y R.D. 1030/2006 de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, normas escasamente conocidas y/o incumplidas por las administraciones autonómicas). La referida voluntad reformista hubo de enfrentarse a obstáculos y resistencias del propio partido y de las mismas administraciones socialistas, presentes desde los primeros momentos. Si pudo calificarse de esperpento el debate parlamentario en que nació el Instituto Andaluz de Salud Mental (I.A.S.A.M.), con un grupo socialista que enmienda y desautoriza a su propia Consejería, no menos escandalosa había sido la anterior Proposición no de Ley estatal aprobada el 31 de marzo de 1982 por la Comisión de Política Social y Empleo del Parlamento Español, dirigida a la creación de servicios de psiquiatría en las residencias y ciudades sanitarias de la seguridad social, al margen del manicomio, y fundada en las conclusiones del I Seminario de Política Sanitaria en Salud Mental (mayo – junio 1981). La dialéctica entre voluntad reformista y resistencias contra-

Andalucía: la culminación de la Contrarreforma