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En Chile, a la luz de lo señalado por nuestra Constitución las potestades normativas de los órganos del Estado no están totalmente estructuradas y delimitadas según lo indicado en el artículo 63, que establece las materias de ley, y el artículo 32 N° 6, que otorga la atribución administrativa al Presidente de la República de dictar normas de carácter infralegal, denominada potestad reglamentaria. A estas dos atribuciones de competencia, establecidas a dos de los poderes del Estado, hay que incorporarles en la actualidad otras atribuciones normativas, la mayoría de ellas de carácter legal, a una serie de organismos constitucionales autónomos, tales como el Banco Central, tribunales electorales, Tribunal Constitucional y, por cierto, el Ministerio Público. Es dentro de este contexto que cabe el análisis de la sentencia Rol 77 – 2010 de la Corte de Apelaciones de La Serena, en donde se recurre de protección frente a la negativa del Fiscal Regional de acceder a una suspensión condicional del procedimiento en un delito por conducción en estado de ebriedad simple, basado en un instructivo emitido por él mismo, en virtud del cual establece la procedencia de aquella salida alternativa, considerándose, por el recurrente, que esta negativa es discriminatoria y que, por tanto, vulnera el derecho de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues se produce una discriminación arbitraria. Cabe destacar que el tribunal, rechazó la acción de protección incoada. Al analizar esta sentencia se puede establecer, a primera vista, que existen varias aspectos dignos de análisis: el contenido esencial de la igualdad ante la ley, si en el caso de autos hay discriminación arbitraria, establecer si hay otros confl ictos constitucionales relevantes, determinar si mediante los instructivos del Ministerio Público, y en especial del Fiscal Regional, como es en este caso, se ha conculcado la garantía normativa de

RESERVA LEGAL E INCONSISTENCIAS DEL RECURSO DE PROTECCIÓN: UN CASO SOBRE LOS INSTRUCTIVOS DEL MINISTERIO PÚBLICO