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“Decimonoveno: Que este tribunal, ponderando con libertad los elementos de prueba enunciados en los motivos que preceden, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, de que se han acreditado los siguientes hechos: Durante el año 2012, C.M.V., a esa época funcionaria a contrata asimilada al estamento profesional, grado 8°, en el Servicio de Gobierno Interior y con desempeño en la Gobernación Provincial de Valparaíso, en el marco de las funciones relativas a la vinculación con diversas organizaciones comunitarias funcionales y territoriales, y siendo posteriormente electa Concejal por la Ilustre Municipalidad de Limache en la elección del día 28 de octubre de 2012, actuando infringiendo el deber de probidad que le obligaba a velar por la adecuada inversión social de los recursos públicos, se concertó con C.C.S., con el fin de obtener el pago de asignaciones o subvenciones por parte del Gobierno Regional de Valparaíso, mediante la postulación de proyectos fraudulentos, los cuales, o no se ejecutaron, o solo consistieron en algunas escasas actividades que no se condecían en modo alguno con el objeto y envergadura de tales proyectos y solo con el fin de aparentar su correcta y completa ejecución. Fue así como C.M.V., en meses previos a las postulaciones al Fondo de Desarrollo Regional, junto a C.C.S. constituyeron una organización funcional denominada “Agrupación para el Desarrollo de la Familia”, y que obtuvo personalidad jurídica el día 14 de junio de 2011, y con domicilio en El Cobre, S/N, Población Juan Egaña, Limache, asesorando M. V. a C. S. para postular y obtener recursos públicos del referido fondo. Una vez

revista de derecho

Intervención en &amp;#8220;razón de su cargo&amp;#8221; del empleado público en el fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota y Corte de Apelaciones de Valparaíso)