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El Tribunal Constitucional español ha establecido que las personas menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación estable de transexualidad” puedan exigir el cambio de sexo en el Registro Civil, sin esperar a cumplir la mayoría de edad. Esto supone declarar parcialmente inconstitucional el artículo primero de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que limita dicha posibilidad a “toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello”. Lo que a priori pareciera un avance definitivo, un paso determinante para visibilizar, por fin, la realidad de los niños, niñas y adolescentes trans*, se ha quedado, o al menos esa es la sensación que nos provoca, en una simple llamada de atención al legislador español para que más pronto que tarde adapte su normativa —como ya han venido realizando diversos parlamentos autonómicos— a la nueva corriente de pensamiento que entiende que no hay nada negativo, extraño o

ius et praxis

La realidad de la infancia y la adolescencia trans en España a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional español 99/2019, de 18 de julio: avances y retrocesos