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Nuestro legislador ha pretendido imbuir con un claro sesgo ideologico activista1 todas las normas procesales laborales que se consagran en el Libro V del Codigo del Trabajo2, tal como ha ocurrido a proposito de la novedosa regulacion procesal de otras materias3. Asi, por ejemplo, los principios formativos de impulso procesal de oficio, buena fe y celeridad, entre otros, han pretendido trasladar a la judicatura laboral elementos compensatorios propios de la naturaleza de la relacion laboral sustantiva (como podria ser la naturaleza alimentaria de los derechos en litigio), entregando al juez herramientas que le permitan llevar a cabo dicha tarea. En otras palabras, el Estado legislador al parecer pretende encomendar la realizacion de la justicia social y la redistribucion de ingresos directamente al Estado Juez, para que este, instrumentalizando el proceso como medio de realizacion de fines trascendentales, pueda llevar adelante la concretizacion dinamica de las metas politicas impuestas por el propio Estado (en este caso convendria llamarlo Gobierno). Expresion de la intencion anteriormente descrita la encontramos en textos normativos que pareciesen consagrar de manera atipica y abierta las potestades judiciales en sede laboral. Pero cuidado, antes de emprender transito por el camino propuesto es preciso que nos preguntemos, al menos, lo siguiente: ?es valido sostener que aquella modalidad de atribucion potestativa tiene lugar en nuestro ordenamiento juridico vigente?; ?respeta dicha modalidad potestativa

La "función" cautelar del juez en el proceso laboral: ¿Consagración de una potestad cautelar genérica?