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El propósito de este trabajo encuentra su punto de partida en analizar la política pública penitenciaria autoproclamada como “progresista” puesta en vigencia en la Provincia de Santa Fe desde el año 2008, y cuáles fueron las principales marcas que ha dejado inscriptas en las prácticas institucionales de los operadores penitenciarios, especialmente en el ejercicio profesional del Trabajo Social. En este sentido, nos remitiremos a las prácticas cotidianas de las y los trabajadores sociales de las Unidades Penitenciarias del sur de la provincia, con la finalidad de identificar cambios, rupturas y continuidades en sus objetivos políticos, teóricos, metodológicos y técnicos. Para tal fin se ponen en movimiento herramientas teóricas y metodológicas que aportan a la indagación de opiniones y valoraciones por parte de estos actores institucionales tales como encuestas estandarizadas abiertas, entrevistas en profundidad, y observación participante en jornadas de discusión y en el cotidiano laboral. También se relevaron y analizaron documentos institucionales tanto del Servicio Penitenciario como de otras organizaciones, registros de encuentros formales e informales de trabajadoras/es del ámbito, notas periodísticas y registros o notas de campo, normativa interna del Servicio Penitenciario (Memorandums y Resoluciones), y normativa provincial y nacional. En la realización del trabajo de campo que nos hemos propuesto se han podido reconocer impactos de la política pública en la praxis de un número importante de profesionales integrantes de los equipos multidisciplinarios, a pesar de los cambios en las decisiones de la gestión política con respecto a la misma. Hemos podido relevar además, que efectivamente los principios del Documento Básico “Hacia una Política Penitenciaria Progresista” (de ahora en adelante “Documento Básico”) como el Protocolo de Intervención de los Equipos de Acompañamiento para la Reintegración Social (de ahora en adelante “Protocolo de Intervención”) siguen estando presentes, aunque de una manera tácita o muda, como fantasmas o como “un muerto que no termina de morir”, como se ha escuchado en boca de algún trabajador. Dichos documentos aportan al proyecto ético-político de un Trabajo Social comprometido con el respeto por la dignidad y los Derechos Humanos, habiendo servido como herramientas para un determinado perfil profesional que surgió de manera incipiente, y que posteriormente fue desarmado por la misma institución. También se develó la necesidad de las/los profesionales de mantener encuentros para discutir sobre lo que hacen y buscar colectivamente la mejor manera de hacerlo, al tiempo que crear estrategias para evitar el sufrimiento y mejorar las condiciones de trabajo actuales. Los mismos notan la precarización de su trabajo y la necesidad de ampliar su espacio de autonomía relativa, y en paralelo cuestionan cómo la institución regla su proceso de trabajo, mostrando además una pretensión de neutralidad de las intervenciones profesionales.

La política pública penitenciaria de la provincia de Santa Fe, y su incidencia en el ejercicio profesional del Trabajo Social: algunos apuntes para comprender por qué -y para qué- hacemos lo que hacemos