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Las políticas públicas dirigidas al sector apícola, en el período comprendido entre 1990-2010, se apoyaron en la implementación de una serie de regulaciones, instrumentadas en reglamentaciones, tendientes a asegurar la calidad de la miel, en acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales. En este contexto, los productores han debido enfrentar diversas dificultades para alcanzar el cumplimiento de los nuevos requerimientos, sin el cual peligraba su subsistencia productiva. Es así que surge la necesidad de evaluar y discutir las intervenciones estatales direccionadas a la resolución de las problemáticas apícolas, y como éstas han moldeado en forma sustancial las relaciones sociales y técnicas del sector productivo. A partir de este panorama es que nos planteamos como objetivo de la presente tesis determinar cuáles fueron las dinámicas que estructuraron las políticas públicas nacionales, vigentes en el tiempo, focalizando el análisis principalmente en lo referente a la sala de extracción de miel y trazabilidad. El referencial teórico-metodológico utilizado se encuadra en el estudio de las políticas públicas, considerando que las mismas se refieren al Estado, a sus articulaciones con la sociedad, a la administración pública y a sus actividades concretas. En este marco conceptual, el Ciclo de Acción aporta con una metodología de análisis que permite sistematizar el accionar estatal, mediante la identificación de las actividades de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, que conjuntamente con las contribuciones proveniente del Institucionalismo, posibilita percibir y entender las motivaciones que dirigen el accionar del estado y de sus agentes, las confrontaciones de perspectivas sobre su sentido, sus contenidos sustanciales y los juegos de poder de los actores sociales e institucionales alrededor de la misma. Por otra parte, el Tipo de Políticas Públicas, contextualizadas en la descentralización del Estado y de las derivaciones del Consenso de Washington, es de utilidad para cualificar las intervenciones que los gobiernos locales realizan en el territorio, como producto del accionar del Estado Nacional, alrededor de la problemática apícola. La metodología de trabajo empleada en este estudio fue del tipo cualitativa, privilegiando líneas de tiempo y organizadores de resultados. Las fuentes de información principales fueron entrevistas semi estructurales realizadas a referentes de instituciones públicas nacionales, provinciales y municipales, y encuestas semi-estructurales a productores independientes y asociados a organizaciones apícolas. También se incluye el análisis de documentaciones oficiales y reglamentaciones, referidas principalmente a las temáticas de salas de extracción y sistema de trazabilidad, a fin de contribuir con reflexiones y construcciones al respecto de las políticas públicas apícolas establecidas a nivel nacional durante el período comprendido entre el 1990 y el 2 2010, indagando al respecto de sus objetivos, diseño, actores que contribuyeron a su elaboración y puesta en marcha, así como los resultados de su implementación. Se realizó una recopilación bibliográfica exhaustiva, de revistas y boletines específicos del área, con el objeto de reconstruir la historia y recuperar las apreciaciones, juegos de poder, intervenciones y confrontaciones de los diversos actores intervinientes, al respecto de las políticas públicas imperantes en las décadas del 90 y 2000. Como resultado se observó que los principales pilares sobre los cuales se centraron las políticas nacionales, orientadas alrededor del aseguramiento de la calidad de la miel, fueron la de los requisitos estructurales, tecnológicos y de personal necesario en las salas de extracción de miel, y al respecto de la implementación de un sistema de trazabilidad que permita reconstruir el recorrido del alimento desde la producción hasta su consumo. Estas normas reglamentarias requirieron de una década de evolución para lograr articular las exigencias de los países importadores con la realidad económica y social de los productores apícolas argentinos. Al analizar las políticas públicas es posible observar las motivaciones que impulsaron a los dos principales actores públicos institucionales – Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) – a intervenir en la problemática de salas de extracción de miel. Si bien en ambos organismos su participación se traduce en el diseño de reglamentaciones destinadas a establecer los requisitos necesarios que deben cumplir estos establecimientos, el SENASA por medio de su Resolución N° 220/96, lo hace como respuesta a un proceso de enfrentamiento de una situación existente: “las exigencias del MERCOSUR de que Argentina cuente con establecimientos extractores de miel con condiciones sanitarias que aseguren la inocuidad del producto”. Por el otro lado la SAGPyA, con sus intervenciones en las resoluciones 353/02 y 870/06, actúa sobre el mismo problema, como resultado de la puesta en escena de las fuerzas de poder de los mercados importadores, en este caso en particular el europeo, y por las fuertes críticas del sector productivo apícola hacia el accionar del SENASA – Res. N° 220/95- las que se tradujeron en un bajo grado de adhesión a los mandatos impuestos en el contexto de la misma. De esta manera, en la década del 2000, la SAGPyA se apropia del tema de salas de extracción, constituyéndose como nuevo actor interesado en la problemática. Bajo esta situación la institución necesitó alcanzar su reconocimiento como participante legítimo en la arena política, la cual logra integrando en el diseño de las intervenciones a actores productivos, comerciales, académicos y organizacionales, que participan creando, imponiendo y reproduciendo significados sobre las medidas diseñadas.

Análisis de las políticas públicas apícolas nacionales argentinas en lo referente a sala de extracción de miel