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Ante la magnitud del problema del desplazamiento forzado, los gobiernos nacionales y distritales han tenido el reto de generar todas las acciones necesarias para atender a la población desplazada y garantizar sus derechos. Por ello, se han expedido múltiples normas, programas y planes de acción para asegurar los diferentes derechos que son amenazados o vulnerados a esta población. A pesar de todos los esfuerzos del Estado, la Corte Constitucional no ha encontrado que esté superado el estado de cosas inconstitucional, respecto del derecho a la educación de esta población. Dado que es obligación de las entidades territoriales diseñar las políticas públicas para garantizar el derecho a la educación, el objeto de este trabajo es realizar un análisis normativo de las políticas formuladas por el gobierno distrital. Este análisis se realiza mediante un ejercicio de contraste entre las decisiones adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con los estándares nacionales e internacionales para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas indígenas en situación de desplazamiento forzado, para determinar si las primeras son coherentes y corresponden con el marco normativo.

Políticas públicas distritales para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas indígenas víctimas de desplazamiento forzado en Bogotá D. C.