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En 2014 se reformó el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para sustituir a la Procuraduría General de la República con una Fiscalía General autónoma.1 Si bien el debate sobre la autonomía de procuradores y fiscalías ya tenía tiempo en México,2 hasta entonces llegó a la CPEUM. La autonomía se estableció en un contexto político muy peculiar vinculado con el llamado “Pacto por México”, que permitió a los diversos partidos políticos incorporar en la Constitución elementos de sus plataformas políticas a cambio de dictaminar favorablemente otras.3 Así, aunque nada tenía que ver, en el paquete de reformas en materia electoral se introdujo la idea de una fiscalía general autónoma.4 Importa destacar que nunca hubo una discusión explícita sobre las ra-

La procuración de justicia en México. Cinco planteamientos sobre los problemas y algunas posibles salidas