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El derecho de acceso a la informacion publica se ha convertido en parte de la agenda de la reforma del Estado en varias partes de America Latina y en Mexico ha logrado colocarse como un tema de importancia capital en lo que concierne al concepto de derecho a la informacion, lato sensu. Baste tan solo decir que es la unica vertiente del derecho a la informacion que ha podido legislarse en el pais tras la adicion del ultimo parrafo al articulo 6o. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 1977. No hay, sin embargo, una garantia juridica de un acceso similar de todos los sujetos obligados a informar, habida cuenta que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental regula con minuciosidad lo que concierne a la administracion publica federal, pero deja un ambito importante de libertad y de discrecionalidad a los organos constitucionales autonomos y a los Poderes Legislativo y Judicial. Ciertamente, el articulo 61 de la propia Ley dispone que en estos casos se deben observar principios comunes de apertura informativa, pero deja el como a las propias instituciones que deben informar en la medida en que se les otorga atribuciones para crear su organo administrativo de resolucion de controversias y el diseno institucional para cumplir el espiritu de la ley. Esa circunstancia hace que el derecho de acceso a la informacion publica pueda tener un desarrollo desigual segun las propias consideraciones personales y motivacionales de cada uno de los

Derecho de acceso a la información en el Poder Judicial. Una aproximación al caso mexicano desde la perspectiva comparada