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L publicación el pasado 31 de marzo de 2007 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y la fuerte oposición surgida en su contra por numerosos sindicatos de trabajadores afiliados por disposición legal al ISSSTE, ha puesto nuevamente en el escenario del derecho positivo mexicano un sinnúmero de inquietudes propias del orden jurídico nacional entre los derechos público, privado y social, que no tienen una respuesta clara y precisa ni para los juristas ni mucho menos para los 18 millones de trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. No solamente estamos frente a la falta de una información adecuada, sino también a la falta de credibilidad en las instituciones públicas, que se ve adicionada con la sospecha que siempre existe sobre el desempeño de instituciones bancarias y financieras. Esto es una realidad de los trabajadores como sujetos activos en la aportación del capital para crear los fondos del sistema de ahorro para el retiro, que es una prestación de seguridad social amparada en el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución, y que la inadecuada e insuficiente información acerca de los mecanismos para recuperar el monto de su cuenta individual se ven afectados —y así lo perciben— al emprender los trámites y los procedimientos orientados a ese propósito. Esto se agudiza dado que actualmente las administradoras de fondos para el retiro (Afores) sólo entregan en una sola exhibición los recursos acumulados hasta antes del 30

Inobservancia del principio tutelar del derecho social en las normas del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores