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El artículo analiza el rol del grupo de antropólogos que trabajan en el cumplimiento de una orden judicial sobre protección a pueblos indígenas en riesgo de exterminio por cuenta del conflicto armado, al interior de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en Colombia. A través de un trabajo de campo de diez meses, enfocado en sus rutinas laborales y obligaciones contractuales, la investigación encuentra que el quehacer del antropólogo no es el despliegue de su experticia profesional sobre los problemas de los indígenas en tanto insumo para tomadores de decisión, sino la gestión e intermediación en los procesos administrativos vinculados a la concertación entre los indígenas y las demás instituciones gubernamentales. Asimismo, el artículo destaca que, si bien su posición tiene un margen de maniobra limitado, es a la vez un rol complejo por la multiplicidad de posiciones que deben asumir en tanto mediadores y que los ponen en la encrucijada entre lo que aprendieron como antropólogos, lo que deben hacer como representantes del Estado y lo que hacen como ciudadanos. Finalmente, propone que esta labor, limitada y a la vez compleja, refleja un cambio en el quehacer de los antropólogos en la interacción entre el Estado y los indígenas.

Patinar una carpeta: el grupo de trabajo del Auto 004 en la dirección de asuntos indígenas