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El Estado ha dotado a la Administracion Tributaria de una serie de facultades, entre ellas la de fiscalizacion, que tiene la finalidad de verificar la correcta determinacion de la obligacion tributaria por parte del contribuyente. El articulo 62° del TUO del Codigo Tributario faculta a la Administracion actuar con cierto margen de discrecionalidad que le permite investigar, verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si bien estas facultades habilitan a la Administracion a actuar con eficiencia y oportunidad a fin de asegurar los recursos tributarios, cabe cuestionarse si la SUNAT puede acaso priorizar la recaudacion por encima del respeto a los derechos fundamentales de la persona, si acaso el ejercicio de las facultades discrecionales se convierte en “cheque en blanco” para hacer cualquier requerimiento al contribuyente que afecte su derecho a la intimidad, que tanto poder tienen estas facultades discrecionales como para dejar de lado los derechos fundamentales de las personas cuando estas se encuentran sometidas en un procedimiento de revision de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si bien el articulo 74 de nuestro texto constitucional establece limites al ejercicio de la potestad tributaria en la creacion del tributo, son aplicables estos mismos limites a los procedimientos de fiscalizacion efectuados por SUNAT, mas aun cuando uno de esos limites expresamente dispone que el poder tributario se ejerce respetando los derechos fundamentales de la persona. No corresponderia tampoco aplicar este principio en los procedimientos de verificacion e inspeccion de los tributos ya creados. En la presente ponencia hacemos un analisis de los alcances que tiene el ejercicio de las facultades discrecionales de la Administracion Tributaria (SUNAT) y sus implicancias en los derechos fundamentales de la persona; para ello, revisaremos las disposiciones legales vigentes, la posicion de connotados juristas en la materia, los pronunciamientos del Tribunal Fiscal y, en especial, del Tribunal Constitucional.

Límites constitucionales a las facultades discrecionales de la Administración Tributaria