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Este trabajo examina los avances en materia de participacion publica que han tenido lugar recientemente en el ambito de la proteccion del medio ambiente a nivel internacional y en Espana. En el veinte aniversario de la firma del Convenio sobre el acceso a la informacion, la participacion del publico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus en 1998 bajo los auspicios de la Comision Economica para Europa de Naciones Unidas, los progresos mas relevantes han tenido lugar tambien en la esfera internacional. En 2018 se firma un nuevo acuerdo internacional que va a seguir sus pasos en la region de America Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazu. La primera parte de este trabajo se centra en una comparacion entre las disposiciones en materia de participacion publica de estos dos instrumentos internacionales. En cuanto a los novedades en Espana, la segunda parte de este trabajo examina las modificaciones operadas en materia de participacion publica en la Ley de evaluacion de impacto ambiental asi como los retos pendientes para avanzar hacia una participacion efectiva. Finalmente, en la tercera parte, se da cuenta de algunas importantes resoluciones judiciales aplicando las disposiciones sobre participacion publica en materia de medio ambiente. El analisis de estas novedades pone de relieve la creciente importancia del derecho de participacion en materia de medio ambiente y de su tutela judicial efectiva. En la espera internacional, la comparacion entre el Convenio de Aarhus y el Convenio de Escazu revela que si bien este ultimo se inspira en la estructura y enfoque del primero, va a prestar especial atencion a los problemas especificos de la region para la que se ha disenado, como la igualdad en el acceso a la participacion publica, asi como a retos actuales tales como el uso de las nuevas tecnologias como medio para ejercerlos. El Convenio de Aarhus es, sin embargo, algo mas preciso en la delimitacion de las condiciones de participacion que han de respetar las autoridades publicas en la toma de decisiones relativas a ciertas actividades susceptibles de tener un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo que se refiere a los avances en Espana, a nivel normativo vienen impulsados –una vez mas- por la obligacion de transponer al ordenamiento nacional las modificaciones de la Directiva de Evaluacion Ambiental de la Union Europea. Finalmente, se advierte que los tribunales espanoles siguen desarrollando una notable jurisprudencia –no exenta de algunas sombras- para hacer efectivo el derecho de participacion.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACION PÚBLICA: LA RECIENTE EVOLUCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y EN ESPAÑA