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y financiadas mayoritaria o totalmente con recursos del presupuesto nacional. Estas nuevas políticas se fundamentan en algunos elementos comunes. El primero es la realización de programas orientados a “transformar y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables” (Cecchini y Madariaga, 2011, p. 5) y a crear condiciones propicias para que estas cuenten con los recursos necesarios para la educación, la nutrición y la salud de los hijos y, por esta vía, contribuir a consolidar la integración social y el acceso a una mejor calidad de vida (Tassara et al., 2015, p. 20). Otro elemento novedoso es la introducción y la progresiva ampliación de esquemas no contributivos de pensiones, que otorgan la pensión a personas que no han aportado nunca o han realizado aportes parciales a algún sistema previsional. Este complemento ha desempeñado un papel central en el caso Según Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), en los últimos años la mayoría de los países de la región “rompieron con la idea de una política social residual, incrementaron la inversión social e introdujeron innovaciones en las políticas de protección social” (Cecchini et al., 2015, p. 21). Lo que se encuentra implícito en esta afirmación es lo que se evidencia en el título del presente número monográfico de la revista Ópera: “Lucha contra la pobreza y protección social en América Latina: de los programas a las políticas públicas”. En otras palabras, la lucha contra la pobreza que hacia mediados de los años noventa se caracterizaba por la implementación de programas ad hoc, financiados con recursos de cooperación internacional o préstamos otorgados por los bancos de desarrollo, hoy día –al menos en la mayoría de los países– se inscribe en políticas públicas asentadas en la aprobación de leyes nacionales

Construcción de las políticas públicas de protección social en América Latina