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El alojamiento colaborativo, con sus impactos sobre el espacio y el medio ambiente urbano, por un lado, y sobre los principios de libertad de empresa, libre competencia y garantia de la unidad de mercado, por otro, constituye una actividad que no puede quedar al margen de la regulacion. La salvaguarda de la ciudad como espacio de convivencia armonica y sostenible, desde el punto de vista social y ambiental, exige inevitablemente regimenes de intervencion adecuados a la nueva realidad del fenomeno, cuya regulacion no puede dejar de abordar cuestiones propias del urbanismo, la ordenacion del territorio o la politica de vivienda, como es la configuracion de los barrios o las zonas donde se concentre la oferta —mediante la zonificacion—, la prevision de infraestructuras adecuadas o la oferta suficiente de alquiler o vivienda a precio razonable a la poblacion residente. Junto a la perspectiva territorial, hay otra no menos importante que es la que afecta, por un lado, a los nuevos cauces intermediarios a traves de los cuales se articula el alojamiento colaborativo, los  marketplaces , y, por otro, al nuevo rol de los proveedores del servicio alojativo, los «peers» y los «professional services providers». Es la perspectiva de la actividad economica y de los derechos y libertades de los ciudadanos, cuya incidencia sobre la unidad de mercado es evidente.

Estado regulador y alojamiento colaborativo. El régimen de la intervención pública limitadora de la prestación del servicio