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Resumen El ascenso del Frente Amplio en el año 2005 a la presidencia del Uruguay generó grandes expectativas en buena parte de la sociedad uruguaya, que auguraba transformaciones sustantivas en el país. La sensibilidad de izquierdas del partido de gobierno anunciaba la incorporación del enfoque de derechos en la legislación nacional, el proceso judicial y las instituciones de ejecución de medidas, además de un amplio proceso de descriminalización y profundización en los problemas sociales y educativos. Al inicio del gobierno se realizaron cambios sustantivos, aunque no sin tensiones y frenos. Luego, paulatinamente se desarrolló una política de endurecimiento coercitivo, penal y policiaco, ante el crecimiento continuo de los principales indicadores de criminalidad (homicidios, rapiñas y hurtos). En este contexto, algunas adolescencias fueron receptoras del “giro punitivo progresista”, a pesar de que la evidencia disponible sostiene que las y los adolescentes están muy distantes de explicar el delito y la criminalidad nacional. Así las cosas, el presente texto se propone problematizar la política criminal progresista para el caso del sistema de responsabilidad penal adolescente durante los gobiernos del Frente Amplio (2005 – 2020) en Uruguay. Se trata de evidenciar las “sensibilidades” que guiaron las políticas públicas criminales del partido de gobierno y plantear una discusión acerca de los dilemas de las izquierdas con respecto a la seguridad pública.

La política criminal uruguaya en la era progresista (2005-2020): el caso de la justicia para adolescentes