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La buena fe, constituye un mandato constitucional y legal tanto para los particulares como para el Estado. De la buena fe, emanan reglas juridicas tales como la confianza legitima y la doctrina de los actos propios. La Ley 80 de 1993, en su articulo 28, obliga al operador juridico a considerar la buena fe como parametro de interpretacion del contrato estatal; esto hace que la Doctrina de los Actos Propios resulte aplicable a la interpretacion del instrumento contractual publico, y que por tanto los actos que desplegan las partes, que cuentan con la entidad suficiente para generar confianza entre ellas, como por ejemplo las aclaraciones al Pliego de Condiciones durante un proceso licitatorio, les resulten obligatorios.

La doctrina de los actos propios en la interpretación del contrato estatal y la obligatoriedad de las aclaraciones al pliego de condiciones