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La judicialización de las políticas públicas implica, básicamente, una reacción judicial cuando los actores “perjudicados” de su diseño e implementación consideran que sus derechos no están efectivamente garantizados por el poder ejecutivo o legislativo. Su introducción en el ciclo de las políticas públicas hace que el poder judicial adquiera una importante capacidad de interferencia e incidencia significativa en su reformulación. El objetivo principal de este trabajo es analizar la judicialización de las políticas turísticas. Para ello, nos basamos en una investigación empírica realizada bajo la metodología de estudio de caso sobre la judicialización de la política de moratoria turística implementada en el destino Islas Canarias (España). Entre los resultados obtenidos destacamos que la judicialización supone la utilización de mecanismos legales por parte de los actores “perjudicados” de las decisiones judiciales, administrativas o legislativas (hard law) sobre la que suele sustentarse las políticas públicas turísticas. Asimismo, se produce cuando existen fallos en el proceso de formulación de tales políticas públicas. Del mismo modo, constituye un ejercicio de intrusión de los tribunales de justicia en un terreno reservado a los poderes ejecutivo y legislativo, con la consiguiente tensión entre política y justicia; ello supone un desplazamiento de protagonismo desde el poder legislativo al judicial, a la vez que una pérdida de centralidad de la autoridad legislativa, cuyo ejercicio y poder quedan limitados y regulados.

La judicialización de las decisiones públicas: el caso de la política de moratoria turística de Canarias