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El ejercicio de la prostitución en España es una actividad de dudosa calificación jurídica. Si bien no constituye un delito, la prostitución no se encuentra legalmente amparada pues se estima que el contrato mediante el cual se intercambia sexo por dinero es nulo por ser la causa contraria a la moral. Ello provoca que la relación entre la prostituta y los intermediarios de su actividad (comportamiento éste que sí es delictivo) no pueda quedar amparada por el Derecho laboral. Dicho marco jurídico es, con matices, el del reglamentarismo, uno de los modelos normativos que, junto con el prohibicionismo y el abolicionismo, han disciplinado históricamente la actividad de las prostitutas. El prohibicionismo y el abolicionismo son las manifestaciones de un Estado perfeccionista que no se toma en serio el valor de la autonomía personal de aquellas mujeres que, consciente y competentemente, desean recibir una contraprestación por sus servicios sexuales, de la misma manera que otros muchos individuos venden su fuerza de trabajo empleándose en oficios que también pueden estimarse penosos o indignos. En este trabajo se defiende, frente a los anteriores modelos, una forma de «reglamentarismo reforzado» que propugna, en esencia, la laboralización de la prostitución —con los matices propios del ejercicio de una actividad que es en todo caso «especial»— en aras a la mejor protección de los intereses de las mujeres prostitutas.

¿Hacernos los suecos? La prostitución y los límites del Estado