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L a ley de 2 de marzo de 1932, que establecía por vez primera el divorcio en España, constituye la realización más importante dentro de la legislación matrimonial de la Segunda República. El hecho de que el artículo 43 de la Constitución de 1931 hubiera admitido que el matrimono podía disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, era ya una garantía de su implantación, aun en el caso de que las Cortes tuvieran que disolverse y dar paso a otras nuevas. Y significaba también, sin duda, un triunfo de la filosofía política y social que defendían los grupos de la mayoría que habían accedido al poder. Porque en esa decisión quedaban ya perfiladas las líneas generales de las normas que se iban a ir desarrollando posteriormente en el texto constitucional, inspirándose siempre en el principio de que en materia de legislación matrimonial sólo tiene competencia el Estado y que la jurisdicción civil es la única competente para resolver las cuestiones de conflicto a que pueda dar lugar la aplicación de esas normas.

La Ley de Divorcio de 1932: presupuestos ideológicos y significación política