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No es ninguna novedad afirmar que la Constitución española de 1978 expresa una voluntad garantista del constituyente, por reacción a la etapa inmediatamente precedente, estableciendo un prolijo tratamiento del tema de los derechos y libertades públicas fundamentales e introduciendo un amplio elenco de controles y garantías que aseguren la virtualidad de tales enunciados. Mayor novedad representa la peculiar transformación que ello provoca en nuestro ordenamiento jurídico en general (y, por ende, en la ciencia jurídica) y de modo particular en lo que se refiere al ámbito de libertades del ciudadano. ' En efecto, como es sabido, el nuevo texto constitucional, retomando la tradición iniciada por el Tribunal de Garantías de la II República española e influido por los diversos órganos de Justicia constitucional implantados en Europa occidental en la segunda postguerra (en especial por el Tribunal Constitucional de la RFA), va a incorporar entre los citados mecanismos de garantía' un Tribunal Constitucional (arts. 159 y 165) que cuenta, como una de sus funciones primarias, con la de la salvaguarda de los Derechos Fundamentales. Evidentemente, como no podía ser menos, los enunciados constitucionales cobran hoy la plenitud de su significado a través de las interpretaciones y contenido que a ellos atribuye la jurisprudencia del Tribunal mediante sus sentencias en recursos de inconstitucionalidad, amparo (son elocuentes al respecto las palabras de Rubio Llórente, profesor y magistrado del Tribunal Constitucional, cuando dice que la verdadera función a la que debe ordenarse el recurso de amparo es «la de servir de instrumento para precisar, definir y,

Dogmática y teoría jurídica de los derechos fundamentales en la interpretación de éstos por el Tribunal Constitucional español