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Entre las varias reformas emprendidas en Castilla desde 1669 en el sistema recaudatorio y administrativo de las rentas provinciales cabe destacar, por su importancia, el encabezamiento general del reino. El proyecto, planteado al mes escaso de producirse el reajuste monetario de 1680 y aprobado, después de numerosas consultas con otras instituciones, el 12 de octubre de 1681, si bien no se promulga hasta el 16 de diciembre de 1682, una vez extinguidos los últimos brotes epidémicos en Córdoba y Extremadura, consiste en abrogar los arrendamientos de las alcabalas, cientos y millones, negociando con los pueblos, villas y ciudades, de acuerdo con los valores satisfechos en el quinquenio anterior, las cantidades que deberán cotizar en el futuro —también las sumas adeudadas al fisco por dichos conceptos—, cuya administración será supervisada por el erario a través de superintendentes nombrados en cada capital de provincia. Para evitar posibles omisiones o excesos de autoridad de estos funcionarios y de sus oficiales, pero asimismo para soslayar los obstáculos que puedan oponer las justicias de los lugares, se crea una Junta especial denominada de Encabezamientos, presidida por el duque de Medinaceli e integrada por dos consejeros de Castilla, otros dos de Hacienda, un procurador de Cortes en la Sala de Millones y un secretario, a la que se concede jurisdicción privativa sobre cualquier tribunal, ya sea civil, militar o eclesiástico, debiendo a tal fin los Consejos de Castilla, Guerra, Inquisición y Órdenes expedir los despachos oportunos a sus

Oligarquía municipal e impuestos : la asonada del Campo de Cartagena de 1683