English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

La Ley 266.26 de Perú, también llamada Ley CONTRASIDA, y su modificatoria, la Ley 28.243, mencionan en los artículos 2° y 4° que las pruebas para diagnosticar la infección por VIH son voluntarias y deben realizarse previa consejería, salvo en el caso de gestantes y donantes de sangre u órganos, en quienes se puede eximir la voluntariedad. Sin embargo, esto no siempre es respetado por las instituciones peruanas en la práctica, como es el caso del matrimonio civil. Así, en el año 2012, la Defensoría del Pueblo en el Informe de Adjuntía N°014-2012-DP/AAE denominado “La exigibilidad de la prueba de VIH/SIDA como requisito para contraer matrimonio civil” señala que 28% de las municipalidades y 56% de los establecimientos de salud supervisados transgredían ambas leyes al requerir, como parte del examen médico prenupcial, una prueba de diagnóstico de VIH, contraviniendo así la voluntariedad de la prueba y la confidencialidad de los resultados1. A dos años de este informe, aún persiste este requerimiento en algunas municipalidades y centros de salud2 . La voluntariedad de la prueba de VIH se fundamenta en el respeto por los derechos humanos (DDHH) y la privacidad de las personas, aspectos ineludibles a toda medida de salud pública, que en el caso de la prueba de VIH pretende proteger además contra el estigma y discriminación. De hecho, el mencionado requerimiento, impuesto por algunas municipalidades peruanas, puede estar creando una barrera estructural que restringe los planes de matrimonio de quienes deciden no realizarse la prueba y, principalmente, de las personas viviendo con VIH, dado que las expone a la discriminación, violación de sus DDHH y de su privacidad3. La prueba premarital mandatoria no ha evidenciado ser costo-efectiva en contextos de baja prevalencia de VIH (como es el peruano), tanto para desalentar las relaciones sexuales premaritales sin protección, como para prevenir futuras transmisiones entre los cónyuges3. Por el contrario, una buena consejería hace más probable que la pareja acceda voluntariamente a realizarse la prueba y tome decisiones consensuadas sobre su salud sexual4. En 2012, la OMS y la UNAIDS reafirmaron su oposición a toda forma de realización mandatoria y obligatoria de la prueba de VIH; más bien, propugnan medidas de salud pública con un enfoque basado en los DDHH, que aseguren confidencialidad, consentimiento, consejería, resultados confiables, acceso y buena adherencia a los servicios de salud5. Consecuentemente, los autores pensamos que el mencionado requerimiento de algunas municipalidades debe ser replanteado a la consejería y oferta de la prueba, sin que los resultados formen parte del expediente prenupcial. Las autoridades locales de salud deben asegurarse que ello suceda, mientras que el Ente Rector actualiza la normatividad concerniente a la consejería y tamizaje. De esta manera, el matrimonio civil representaría una oportunidad de hacer salud pública basada en evidencia y derechos.

Transgresiones a la voluntariedad de la prueba de VIH en Perú: el caso del requisito para contraer matrimonio civil