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El Estado y las Comunidades Autónomas comparten sus competencias para la protección del litoral, y así, mientras el primero sanciona las infracciones que atenten contra la integridad del dominio público marítimo-terrestre o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar, las segundas ejercen su potestad sancionadora en relación con las zonas de servidumbre de protección y de influencia . La potestad sancionadora estatal y autonómica se viene ejercitando aun cuando se trata de tramos de costa no deslindados, y esta circunstancia provoca que hayan surgido dudas acerca de la corrección de la actuación de los órganos competentes en esta materia tras la aprobación de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 29 de enero de 1997, en la que se establece lo siguiente:

revista de estudios de la administración local y autonómica

EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION EN TERRENOS NO DESLINDADOS.