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1. De conformidad con el principio de ultima ratio, la pena es una reacción estatal cuyo empleo solo es legítimo cuando otros medios fracasan. El objetivo, en virtud de cuya realización se evalúa la eficiencia de los correspondientes medios en disputa, es, según opinión general, la protección de bienes jurídicos. Sin embargo, esta opinión reduce arbitrariamente la clase de tarea propia del derecho penal y dificulta, a raíz de esta reducción, una justificación racional de la pena. Mi tesis, la cual será fundamentada a grandes rasgos en las líneas que siguen, reza así: la pena solo puede servir – y de hecho solo sirveindirectamente a la protección de bienes jurídicos. El objetivo inmediato de la protección jurídico penal es el bien jurídico penal2, es decir, un nivel suficiente de motivación fiel al derecho. El bien jurídico penal facilita la protección de bienes jurídicos en la medida en que el punto de referencia de la motivación es el reconocimiento efectivo, como razón para la acción, de normas que protegen bienes jurídicos. Si la pena se legitima (inmediatamente) a través de la garantía del bien jurídico penal, entonces ello presupone que no solo es legítimo el mal de la pena, sino que también lo es el reproche ético jurídico constitutivo del concepto de pena. Solo es legítimo lo que es justo, de tal manera que el mal y el reproche de la pena deben ser mandatos de una iustitia retributiva. En

Vigencia de la Norma y Protección de Bienes Jurídicos